Duro reclamo de Scioli ante la Corte bonaerense

LA PLATA.- El gobierno bonaerense impugnó el dictamen de la Suprema Corte provincial que suspendió la nueva ley de excarcelaciones que había entrado en vigor el mes pasado y en un texto de particular dureza acusa al máximo tribunal de haber “excedido los límites constitucionales de su propia jurisdicción” y de haber vulnerado el principio de división de poderes.

El asesor general del gobierno provincial, Saúl Julián Arcuri, sostuvo en la presentación que lleva su firma y que técnicamente se denomina “recurso de reposición”, que la Corte bonaerense “ha excedido los límites de su jurisdicción” y que corre “peligro la constitucionalidad” ya que, sostuvo, no le corresponde participación “en la sanción, formación, modificación y derogación de las leyes”.

Arcuri consideró en el escrito que fue presentado el pasado miércoles, pero que sólo trascendió ayer, que la decisión del máximo tribunal de la provincia pone en “peligro la constitucionalidad” y que importa un acto de “gravedad institucional” y una “vulneración del principio de división de poderes”.

El funcionario solicitó a la Corte que se dicté la invalidez de la medida cautelar que dejó suspendida la norma que endurece las pautas para las excarcelaciones.

“Vuestra Excelencia ha excedido los límites constitucionales de su propia jurisdicción, generando con ello una situación de gravedad institucional que de no ser inmediatamente reparada resentiría la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos previsto en la Constitución provincial”, se afirmó en el texto, al que accedió LA NACION.

Voceros de la Corte provincial reconocieron a LA NACION la presentación del recurso de reposición e indicaron que cualquier actor que sea parte ante el dictado de una cautelar tiene derecho a recurrirla a través de esta vía.

Recordaron, además, que se había corrido traslado a los actores del recurso interpuesto por el representante del Ejecutivo y que “al contestar el traslado, la Corte evaluará y resolverá”.

En lo que respecta al escrito, vale mencionar que el gobierno provincial utiliza párrafos de la Constitución provincial para afirmar que el Poder Judicial no tiene participación en la sanción, modificación o derogación de las leyes, facultades en la que ubican a la medida cautelar que suspende la ley de excarcelaciones.

“El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires carece por regla de facultades constitucionales para crear, modificar, derogar o suspender la aplicación de las leyes vigentes”, se señaló.

En tal sentido, se argumentó que los jueces pueden declarar inconstitucionalidad de leyes o decretos, “pero siempre en referencia a un caso concreto”. “A nivel teórico, la diferencia sustancial entre la función legislativa y la jurisdiccional es que la primera es general y abstracta, mientras que la segunda se refiere a casos puntuales y concretos”, abundó Arcuri.

Asimismo, la presentación cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo de junio de 2010: “Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma, ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860. Si no la tiene en la sentencia que decide el fondo de la cuestión, a fortiori menos aún puede ejercerla cautelarmente.”

Los jueces de la Corte Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Juan Carlos Hitters e Hilda Kogan suspendieron la ley impulsada por el gobernador Daniel Scioli y aprobada por la Legislatura provincial, a raíz de una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios organismos defensores de los derechos humanos. Mediante una medida cautelar, los magistrados consideraron, prima facie, que la norma resulta contraria a derechos y garantías constitucionales, como el principio de inocencia.

La ley modificó el artículo 171 del Código Procesal Penal para negar el mencionado beneficio a los sospechosos que hayan sido detenidos mientras portaban ilegalmente armas de fuego, que hayan mostrado resistencia a la autoridad pública, que tengan antecedentes por comisión de delitos con armas o que ya estén gozando de una excarcelación.

El gobernador Scioli había señalado la voluntad política de su gobierno de insistir en la aplicación de la ley que fue aprobada por la Legislatura a fines del año pasado y que impide la excarcelación en tres casos: cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas; o en los casos que los imputados estén gozando ya de una excarcelación anterior.

Varios diputados del oficialismo salieron a defender la postura del gobierno de Scioli y a adelantar que desde la Legislatura se insistirá para conseguir la plena vigencia de la norma mediante su reglamentación. El diputado sciolista, Guido Lorenzino, ex viceministro de Seguridad provincial, opinó que la presentación “se basa en el hecho de que la Corte no puede deslegitimar una norma cuyo procedimiento de sanción fue impecable, con consideraciones generales que no se refieren a un caso concreto”.

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