Defensoría pide cumplir con consulta a campesinos en concesiones privadas en Perú

La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno peruano cumplir con una norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a realizar una consulta previa con la comunidad campesina de San Juan de Cañaris sobre un proyecto cuprífero canadiense en sus tierras.

El pedido fue presentado por el Defensor del Pueblo, Eduardo Luna Vega, al primer ministro Juan Jiménez Mayor, informó el jueves la defensoría y ocurre en momentos en que el gobierno dialoga con delegados campesinos para desactivar una protesta contra el plan de la minera Candente Copper de explorar minerales.

Los pobladores de San Juan de Cañaris, en la provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque, (norte) se oponen al proyecto porque temen que pueda afectar el medio ambiente, sus fuentes de agua potable y sus cultivos, mientras la minera sostiene que no hay riesgos de contaminación.

El gobierno ha dilatado los procedimientos sobre la consulta previa al no definir los requisitos que deben reunir las comunidades indígenas o nativas para ser comprendidas en la ley.

“La indefinición es una bomba de tiempo”, dijo el antropólogo estadounidense Richard Smith, director de la ONG Bien Común, en diálogo con corresponsales extranjeros.

“El gobierno genera enredos legales para evitar la aplicación de la consulta”, agregó por su lado la abogada Raquel Yrigoyen, del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.

La ley de consulta previa se basa en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por Perú, que obliga a un Estado a realizar una consulta popular con pueblos indígenas u originarios cuando una obra afecte el interés de una comunidad.

Según Yrigoyen, “si el Estado no aplica la ley de consulta, las comunidades pueden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, en Washington.

El convenio 169, sin embargo, no obligaría al consentimiento salvo en casos de traslado poblacional, según interpretaciones oficiales.

La Defensoría recordó que San Juan de Cañaris existe legalmente como comunidad desde 1956, requisito que plantea la ley peruana de consulta previa para llevar a cabo la medida.

Según las autoridades peruanas el resultado de la consulta no es vinculante y no está obligado a cumplir la decisión, porque no existe el “derecho de veto.

“La ley peruana de consulta no cumple los estándares internacionales”, denunció Yrigoyen a los corresponsales extranjeros y subrayó que “el gobierno está obligado a obtener el consentimiento de las comunidades antes de otorgar una medida a favor de una empresa”.

El proyecto canadiense prevé excavar pozos exploratorios y producir 262 millones de libras de cobre al año.

“El presidente Ollanta Humala habló en la campaña electoral de 2011 de aplicar la ley de consulta previa, por hoy que está en el poder se ha dado cuenta de las presiones en el poder de las mineras”, concluyó Richard Smith.

La Defensoría del Pueblo solicitó al gobierno peruano cumplir con una norma de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a realizar una consulta previa con la comunidad campesina de San Juan de Cañaris sobre un proyecto cuprífero canadiense en sus tierras.

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