Arranca la búsqueda de desaparecidos; crean comisión especial

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero.- La Secretaría de Gobernación anunció la creación de la comisión especial encargada de las búsquedas de personas desaparecidas de manera forzada.

Al término de una reunión con empresarios, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong informó que en la nueva comisión se prevé que trabajen elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con efectivos de la Policía Federal, para enfocarse exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

El miércoles, la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, afirmó que en México hay 27 mil desaparecidos; un día después, Osorio Chong desmintió esa cifra, aunque no precisó el número.

Esta semana, la organización Human Rights Watch dio a conocer un informe en el que se tiene un registro documentado de 249 casos de desaparecidos en México de 2006 a la fecha.

El titular de Segob expuso que las autoridades pertinentes están trabajando en la elaboración de una base de datos de personas no localizadas.

“En este caso y otros más que hemos encontrado desde nuestra llegada al gobierno, lo vamos a investigar e incluso la Procuraduría ha conformado esta comisión, donde convergen ministerios públicos federales y Policía Federal para la búsqueda de las personas desaparecidas”.

Instalan comisión para extraviados

Tomando en cuenta la Ley General de Víctimas, aunado al informe que dio a conocer esta semana la organización Human Rights Watch (HRW), donde se tiene un registro documentado del periodo de diciembre de 2006 a la fecha de 249 casos de desaparecidos en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer la instalación una comisión especial encargada de las búsquedas de personas desaparecidas de manera forzosa.

Al término de una reunión con empresarios, el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer la creación de una nueva comisión en la que estarían trabajando elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) en coordinación con efectivos de la Policía Federal, para enfocarse exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Destacó que en las investigaciones internas que se han realizado dentro de las propias procuradurías y comisiones de derechos humanos estatales, sobre denuncias de personas desaparecidas tendrán un trato de seguimiento personalizado.

“Independientemente del protocolo ya está formada esta comisión que será entre ministerios públicos federales y policía federal para la búsqueda de las personas desaparecidas.”

Reveló que las autoridades pertinentes están trabajando en la elaboración de una base de datos estimada en 27 mil personas no localizadas, acción que se suma al protocolo en el cual ya se trabaja.

“En este caso y otros más que hemos encontrado desde nuestra llegada al gobierno, lo vamos a investigar e incluso la procuraduría ha conformado esta comisión donde convergen ministerios públicos federales y policía federal para la búsqueda de las personas desaparecidas.”

Reiteró que el protocolo de investigación y la comisión de investigación que integrará diversas dependencias, nunca antes se había creado por ningún gobierno.

“Lo que nosotros vamos hacer es seguimiento personalizado a cada uno de los casos y la Procuraduría ha hecho un espacio especial en el que van a estar ministerios públicos y también nosotros vamos a cooperar con elementos de seguridad, sólo dedicados a la búsqueda de las personas, un protocolo que al día de hoy no existía.”

Osorio Chong refirió que se tienen previstas algunas reuniones con los gobiernos estatales, para conocer si hay más casos de denuncias que se hayan realizado en las últimas semanas para incorporarlos a las bases de datos que se están creando.

Resaltó que en Coahuila y Nuevo León ya conformaron sus mesas, en las cuales se están dando reuniones permanentes entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación, PGR y gobiernos estatales para conocer cada una de las denuncias que se tengan de personas desaparecidas.

Human Rights Watch documentó 249 desapariciones forzadas desde 2006 en 11 entidades federativas. En los delitos hubo evidencias “contundentes” de que actores estatales, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas.

El pasado jueves, Osorio Chong dijo sobre los desaparecidos que “nos hemos comprometido a que habremos de buscar a todos ellos, pero tenemos que partir de un hecho fundamental: pocos datos, pocas pruebas, no hay protocolos al respecto”.

En ese sentido, apuntó que “vamos a trabajar hacia el pasado en la búsqueda de las personas, pero vamos a trabajar mucho hacia el futuro para que esto no vuelva a suceder, y si sucede, que exista lo mínimo que debe de otorgar el Estado mexicano para encontrar a las personas desaparecidas”.

Destacó que es un compromiso del Estado mexicano y del presidente Enrique Peña Nieto que las familias encuentren paz, siempre con estricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sobre la cifra de los 27 mil desaparecidos que dio la subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, el titular de la Segob manifestó que no es oficial.

Efectos

1.- Los familiares de víctimas tendrán a elementos de la Policía Federal que les ayudarán a encontrar a sus familiares, en una labor que concentrará el gobierno federal en colaboración con las autoridades estatales.

2.- Gobiernos como el de Nuevo León y Coahuila ya trabajan sobre el tema, y en los próximos días otras administraciones estatales se tendrán que sumar a la iniciativa de buscar a desaparecidos.

AI ve escalofriante la cifra de 27 mil desapariciones

La cifra preliminar de 27 mil casos de posibles desaparecidos en México es escalofriante, afirmó Amnistía Internacional (AI).

La organización considera positivo las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciando que se dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en el país.

En un comunicado, dijo que “al parecer contiene ya más de 27 mil casos, un número escalofriante de personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido.”.

AI consideró inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes: “Es de recordar que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser los casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos”.

La organización manifestó que es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública la información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración.

Sin embargo, exhortó a las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia.

“Es fundamental que las investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las Fuerzas Armadas y policías”, dio a conocer.

Amnistía Internacional consideró esencial que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia. También debe garantizarse que estas organizaciones puedan participar en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar, pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”, afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas”, agregó.

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