Ombudsman mexicano rechaza la creación de grupos de autodefensa

El ombudsman mexicano rechazó la creación de grupos de autodefensa, que han empezado a surgir en el país para protegerse de los abusos del crimen organizado, y alertó sobre la delgada línea que hay entre estas llamadas policías comunitarias y los grupo paramilitares.

“Es fundamental reiterar el rechazo a la conformación de grupos de autodefensa”, dijo a través de un comunicado Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El ombudsman reconoció que el surgimiento de estos grupos es “un acto desesperado” ante las omisiones de las autoridades en materia de seguridad en estados como Guerrero, Oaxaca, en el sur del país, y en Morelos y el estado de México, aledaños a la capital.

Expresó su preocupación “por la existencia de grupos armados con intereses distintos a la autoprotección” debido a que “existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares”, añadió.

El 6 de enero pasado se levantó el primer grupo de autodefensa, integrado por unos 800 hombres armados con escopetas y machetes, en Ayutla de Los Libres, un municipio de la montaña de Guerrero (sur), en un movimiento que se replicó en al menos siete municipios de ese estado, y que se extendió al menos a otros tres.

Más de 70.000 personas murieron en México entre 2006 y 2012 en diversas regiones el país por el acoso de las organizaciones criminales, cuyas diputas se exacerbaron con la ofensiva militar lanzada por el gobierno anterior, de Felipe Calderón, y ratificada por el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

“Nada justifica que un grupo de personas decida tomar justicia por propia mano”, subrayó Plascencia.

Los policías comunitarios de Ayutla de Los Libres, que empezaron a desmovilizarse en el marco de una negociación con el gobierno, inicialmente justificaron el levantamiento en la práctica de usos y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas, legal en varios estados del país, así como en normas internacionales.

Pero el ombudsman aclaró que los usos y costumbres operan únicamente para la resolución de conflictos internos de las comunidades indígenas y no pueden contravenir la constitución.

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