El infierno se mudó al Triángulo del Norte

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de febrero.- Atrapados a medio camino entre los productores de cocaína del sur y sus ávidos consumidores del norte, Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice enfrentan una situación crítica y muestran cifras de homicidios que “cortan el aliento”…

Informes de la Organización de Naciones Unidas, de grupos de derechos humanos y de centros de estudio como el Council on Foreign Relations de Nueva York describen un panorama brutal en una región castigada ya hace mucho por la pobreza, la desigualdad y, en algunos casos, las guerras civiles.

Peor aún, un reporte del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York advertía en 2012 que la actividad criminal representa “una seria amenaza a la gobernabilidad” en esos países, y por lo pronto rebasó ya a las autoridades civiles y las obligó a recurrir a los militares con el consecuente caudal de quejas por violaciones a derechos humanos.

La situación es difícil para las cuatro naciones de la región norte del istmo centroamericano y de acuerdo con expertos como Michael Shifter, de la organización Interamerican Dialogue de Wa-shington, nada indica que habrá mejoría en el futuro próximo.

Estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) señalan que con 91.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, Honduras ganó en 2011 el indisputado título del país más peligroso del mundo en la guerra interna por el control de las rutas del narcotráfico al mayoreo hacia Norteamérica y Europa.

El tráfico de drogas es un negocio que medra con la adicción de millones de consumidores de cocaína, a pesar de que el estudio The Transatlantic Cocaine Market (UNODC, 2011) señala que el valor mundial del mercado del alcaloide cayó 51 por ciento a lo largo de los últimos 14 años, y pasó de 165 mil millones en 1995 a 85 mil millones de dólares en 2009.

El Salvador y Guatemala comparten este drama desde lejanos, pero también violentos promedios de homicidios, con 69.2 y 38.5 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

Belice, con una población de 313 mil personas distribuidas en un área de 22 mil 966 kilómetros, acumuló 41.4 homicidios por cada 100 mil habitantes como consecuencia de los enfrentamientos por el control de las rutas de la droga a través de la porosa frontera con México.

Como punto de comparación, el índice de homicidios en México fue de 23.7 por cada 100 mil habitantes en ese mismo año.

La violencia es alimentada por el mismo flujo ilegal de armas de Estados Unidos a México que también llega a Centroamérica a través de su porosa frontera, indicó un estudio de Steven Dudley, analista del grupo Insight Crime.

Ubicados en el llamado Triángulo del Norte, estos países ocupan un espacio de 265 mil 387 kilómetros que supera ligeramente la superficie del estado mexicano de Chihuahua, en la última escala del trasiego de droga destinada a los mercados minoristas de Norteamérica y de Europa.

Encabezado por los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, el crimen organizado regional aprovechó el descuido de las fronteras de estos países para arrebatar a Sudamérica y El Caribe una rebanada del pastel de 18 mil millones de dólares de ganancias brutas del narcotráfico a ambos lados del Atlántico, en cálculos de The Transatlantic Cocaine Market.

La entrada en escena de nuevos actores del crimen organizado en el Triángulo del Norte obedeció, según este estudio, a que en la última década y media la región del Caribe perdió gradualmente su lugar central en el trasiego de 90 por ciento de la cocaína que llega a EU, debido a los aseguramientos de los cargamentos por las autoridades locales.

Entre esos actores destacan la Mara Salvatruchas de El Salvador, que, al igual que otros grupos ha desafiado desde 2008 a los cárteles mexicanos, propiciando matanzas como la de Huehuetenango, Guatemala, donde Los Zetas emboscaron a un grupo aliado al cártel de Sinaloa, con un saldo de 60 muertos.

O los Transportistas, que en El Salvador han sobornado a funcionarios y políticos que, según el estudio Drug Trafficking Organizations in Central America: Transportistas, Mexican Cartels and Maras, de Steven S. Dudley para el Centro Woordrow Wilson, también incluyeron al director de la policía, a un fiscal de alto rango y a un senador.

A pesar del riesgo, el crimen organizado del Caribe ayudó en 2009 a enviar 123 toneladas de cocaína al oeste y centro de Europa y 157 toneladas a EU, que puestas en las calles alcanzaron un valor de venta al menudeo de 36 y 37 mil millones de dólares, respectivamente, informa The Transatlantic Cocaine Market.

Montos equivalentes a 457 mil 794 millones y 470 mil 787 millones de pesos de 2013, o a más de 17 veces el presupuesto para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y a 28.6 veces el presupuesto para Prevención y Readaptación Social de México, respectivamente.

Medido en valor humano, el negocio significó, según la UNODC, en 2011, la pérdida de 17 mil 222 vidas, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, y daños a la salud de los adictos, sobre todo de los que consumen la piedra o crack, una mezcla de base de cocaína con bicarbonato de sodio, o combinan el consumo de la cocaína con drogas más peligrosas.

Entre las víctimas que han quedado vivas destacan los jóvenes de ambos sexos que cayeron en las redes del tráfico humano manejado por coyotes, hoteles y empresas de transporte comercial que los esclavizan para dar servicios sexuales o hacer trabajos forzados.

El análisis Border Insecurity in Central America’s Northern Triangle, de Ralph Espach y Daniel Haering, que el Regional Migration Group y el Centro Internacional Woodrow Wilson difundieron en noviembre de 2012, describe el escenario donde se desarrolla este drama:

“(Ocurre) especialmente en la región cubierta de jungla a lo largo de la costa caribeña, a través de las elevadas planicies del Petén y de Yucatán en la frontera de México, y al interior de la cadena montañosa central” habitada por comunidades pobres, discriminadas desde siempre por las ricas élites gobernantes, los servicios nacionales y los políticos.

El texto señala que esto hace que fuera de las zonas urbanas y de los puntos donde se entrecruzan las principales carreteras, las fronteras del Triángulo del Norte carezcan de significado para sus pobladores que las cruzan varias veces al día para ir y venir del trabajo, para comprar productos del otro lado, evadir impuestos o visitar a la familia.

“Cientos de kilómetros de fronteras, a través de montañas y junglas y a lo largo de los ríos estaban sin marcar en 2011. Funcionarios guatemaltecos estimaron que a lo largo de las fronteras nacionales había sin monitorear casi 125 ‘cruces ciegos’, lo suficientemente anchos y cuidados para permitir el pasaje de camiones pequeños”, dice el estudio.

Menciona también que desde los 80 los narcotraficantes operaban a través de las rutas disponibles en Centroamérica y en México para cruzar la frontera con EU y compraban servicios de redes de traficantes locales para mover sus productos, pero con el tiempo esas redes se convirtieron en cárteles.

“En los últimos 18 meses las evidencias indican que el cártel de Sinaloa y Los Zetas aumentaron su presencia en Guatemala y Honduras, donde realizan una gama más amplia de operaciones, reclutando, entregando y procesando droga (…) y también venden más de su producto localmente, lo que estimula la actividad de las pandillas y la violencia urbana”, dice.

Muchas de las rutas salen de la boscosa región de la Misquitia, en el extremo norte de Nicaragua, para de ahí cruzar Honduras y llegar a Guatemala. Desde las costas guatemaltecas, las drogas son llevadas en bote y luego transferidas a tierra para su tránsito por México.

Muchos de los cruces fronterizos carecen de personal armado y accesos confiables a electricidad o teléfono.

“A lo largo de la frontera de Guatemala con México hay ocho cruces oficiales, de los que sólo cuatro están consistentemente abiertos y cuentan con personal. Además hay cientos de pistas ilegales de aterrizaje para descargar las drogas”, dice el análisis.

Y destaca que las regiones y pueblos fronterizos importantes han generado las economías y poblaciones de más rápido crecimiento en Guatemala y que un estudio reciente sobre los efectos del tráfico ilícito reveló que cada comunidad acusa un aumento notable en el consumo local, en la inscripción escolar y en la compra de vehículos.

En la zona fronteriza de Honduras con Guatemala la línea divisoria es controlada totalmente por grupos de narcotraficantes que mantienen lazos con los cárteles mexicanos y controlan a la policía. Por otras rutas de Honduras se mueve la droga que llega por vía aérea desde Venezuela o que llega en botes.

Mientras tanto, las instituciones y políticas de seguridad y defensa han sido olímpicamente ignoradas, especialmente las de El Salvador y Guatemala desde el fin de las sangrientas guerras civiles de los 80.

“Los procesos de pacificación de estos países incluyeron acuerdos entre los gobiernos y las instituciones de la oposición para reemplazarlos con robustas fuerzas de seguridad pública. Además, el número de militares fue recortado notablemente”, dice el documento del Wilson Center.

Desafortunadamente, agrega, el proceso de reconstrucción de la policía y la aprobación de reformas se encuentra incompleto porque se politizó y se hizo lento debido a recortes presupuestales.

La situación facilita el lavado de dinero en las comunidades fronterizas del Triángulo del Norte, donde los traficantes invierten parte de sus utilidades en compañías de servicios, proyectos agrícolas o construcción y estaciones de gasolina.

El problema, sin embargo, es que ese dinero sucio compra también a funcionarios. En Guatemala, por ejemplo, los especialistas en el tema han consignado la presencia de personajes vinculados con grupos delictivos locales en alcaldías y asambleas legislativas, en tanto que en Honduras se mencionan vínculos entre cárteles trasnacionales y minicárteles locales ligados a políticos.

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